La Fiscalía estudia abrir una causa por sedición en la Audiencia Nacional

Manifestantes en torno a un vehículo de la Guardia Civil. / Twitter

Fuentes del Ministerio Público consultadas por la Cadena Ser consideran que se dan los elementos del delito de sedición. Recuerdan que hubo incidentes y destrozos de vehículos de la Guardia Civil.

La Fiscalía estudia abrir una causa por sedición en la Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ultima una denuncia por los incidentes registrados durante la operación Anubis y las concentraciones de cientos de personas en las dependencias vinculadas al Govern de Cataluña –entre ellas, la consellería de economía que dirige Oriol Junqueras– y a las puertas del Tribunal de Justicia de Cataluña. Fuentes del Ministerio Público consultadas por la Cadena Ser consideran que se dan los elementos del delito de sedición. Recuerdan que hubo incidentes, destrozos de vehículos de la Guardia Civil y que los agentes que registraron Economía, junto a la secretaria judicial, tuvieron que permanecer horas en el interior del edificio sin poder salir porque los Mossos no garantizaban su seguridad. 

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona continúa con las pesquisas por el montaje y la preparación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional  y el Tribunal de Justicia de Cataluña con la parte de la causa que afecta a aforados: miembros del Govern y de la mesa del Parlament.

La sedición es un delito contra el orden público contemplado en el artículo 544 del Código Penal: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

El código establece penas de prisión de ocho a diez años, y de diez a quince años, si los autores fueran personas constituidas en autoridad, además de inhabilitación por el mismo período. El de malversación y el de sedición son los únicos delitos de los contemplados en esta investigación que implican penas de cárcel. En el primer caso, hasta ocho años de prisión y en el segundo, hasta 15 años.