Puigdemont dice que no se puede suspender la consulta porque hay una nueva legalidad

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) no puede suspender la Ley del Referéndum aprobada en el Parlament esta semana porque “hay una nueva legalidad catalana emparada en las elecciones del 2015, en los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos”, en referencia a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

En una entrevista de “El Punt Avui” afirmó que el Parlament ha aprobado una ley que “no puede ser impugnada por el sistema político español” porque emana de la soberanía catalana.

Crispación

Puigdemont criticó que se utilizara el último pleno del Parlament, en el que se aprobaron esas leyes, “deliberadamente solo para ensuciar y crear una sensación de crispación para ver si se traslada a la sociedad”, y lamentó que se faltara el respeto a la presidenta, Carme Forcadell, según él.

“Dio toda la impresión de que había un grupo de la oposición, no sé si todos, que buscaba eso: una provocación”, valoró, y lo achacó a una operación para avinagrar, dijo, el proceso independentista.

Ha recordado que el Govern quería pactar un referéndum con el Estado pero consideró irrenunciable el derecho de los catalanes a votar, por lo que niega que el Ejecutivo catalán se vaya a echar atrás en la celebración del 1-O, aunque sea una consulta unilateral: “Es la única solución posible”.

Urnas en Barcelona

Sobre si se podrá votar en Barcelona dado que la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, expresó que no pondrá en riesgo a los funcionarios permitiendo el referéndum en dependencias municipales, expuso que se está buscando una solución.

“Si un ayuntamiento directamente no puede ponerse ante la solución, pero acepta no formar parte del problema, hay un margen para trabajar”, argumentó, y añadió que el deber del Govern es garantizar que se pueda votar.

Puigdemont cree que si se ordena a algún cuerpo policial retirar las urnas el 1-O será “un inmenso error”, por lo que defiende que es un supuesto impensable.

“No pueden retirar más de 6.000 urnas. Vaya, si lo hicieran, ese día sería fiesta mayor para los delincuentes porque tendrían que destinar a todos los policías a retirar urnas y no a vigilar el tráfico ni a prevenir el delito”, argumentó el President.

Mientras, la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel sostuvo que la responsabilidad de que los catalanes puedan votar en el referéndum del 1-O recae exclusivamente en el Govern: “Esto es un pulso y esto va de quién aguanta un segundo más, y lo tenemos que aguantar nosotros”.

En una entrevista concluyó que se sustanciaron el trabajo conjunto que realizaron con JxSí para aprobar la ley que da amparo al 1-O y la que pone las bases temporales de la independencia en caso de ganar el “sí” y que ahora le toca al Govern garantizar el voto, tal y como el Ejecutivo Puigdemont les transmitió.

Además, explicó que la CUP quiso ir más allá en su compromiso con el referéndum y trabajaron intensamente en la logística de la consulta y en las medidas que se debían adoptar ante las “imposiciones” del Estado, pese que no les correspondía por no formar parte del Ejecutivo.

Concretó que la CUP estuvo trabajando en estas contramedidas desde que el referéndum se puso en la agenda política, pasada la aprobación de los Presupuestos de 2017 en marzo. l