Catalá anuncia una reforma para que los fiscales instruyan las causas penales
Quiere, además, eliminar trámites para dar agilidad a los procesos. De este modo, se celebrarían los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado. Además, se evitará realizar “tres investigaciones” como hasta ahora
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, reducir "trámites innecesarios" y que no se den hasta tres investigaciones, según ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Justicia.
De este modo, los fiscales tendrán un "nuevo rol" como directores de la investigación. El objetivo es el de articular una fase de investigación que se centre en determinar si existen indicios racionales que delito para que "una vez alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio sea inmediata".
Para ello, según ha anunciado, deben suprimirse o racionalizarse "trámites innecesarios". "No parecen razonables algunas situaciones como las que hoy se producen, donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones, ante la policía, instrucción y juicio".
En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.
El fiscal, ha dicho, contaría con un juez de garantías que "aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales".
"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha opinado.
Nuevo estatuto para los fiscales
Para llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a abordar. Esto daría, a su juicio, agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado.
"La celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico", ha apuntado.
Otra de las fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".
En la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Este cambio, ha dicho Catalá, no es fácil, "pero sí necesario para proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo XXI".
