Defensa pagará “un adelanto” al militar expulsado del Ejército tras dos accidentes
Tras una huelga de hambre de una semana, el soldado ha conseguido un pacto con el Ministerio para que le adelanten el pago de una pensión y los salarios desde que fue expulsado del Ejército de Tierra
Andrés Merino ha tenido que pasar siete días de huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Defensa para conseguir que la Administración le pague lo que le debe. O al menos, un adelanto de los tres años de salarios (desde su expulsión en 2013 hasta este 1 de diciembre) y una pensión que le reconoce una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a la que el Departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal había hecho caso omiso hasta ahora.
“Parece ser que a alguien se le ha encendido la bombilla y ha decidido evitar el escándalo que se estaba montando. Se han dado cuenta de que no me iba a mover de la puerta del Ministerio hasta que no consiguiera lo que es mío”, ha explicado Andrés Merino a Estrella Digital, que adelantó el inicio de su huelga de hambre el pasado 22 de noviembre.
El acuerdo al que he llegado el exmilitar con el Ministerio implicará el pago de una cantidad que posteriormente se descontará del monto total que determine Defensa ya que, en estos momentos, el Ministerio ha pedido una aclaración al Tribunal para que determine la cuantía de la pensión que debe recibir Merino. “Ellos solicitan información al juzgado para saber si la pensión es total, extraordinaria… porque la sentencia les pide que se acojan a la legislación vigente, pero ellos le dan vueltas a todo”, concluye.
Hasta el momento, el paracaidista solo tiene reconocida una discapacidad del 16% por Defensa, al haber sido evaluado después del primero de sus accidentes en Afganistán, en el año 2004, cuando fue intervenido por primera vez. Después de su segundo accidente, que se produjo en Almería en 2011, la operación salió mal y Merino acabó con seis hernias de disco, tiene implantados seis tornillos de titanio en la columna y tiene que ir permanentemente acompañado de muletas.
Sin embargo, un perito judicial determinó que su situación era de “incapacidad total”, explica Merino a este diario, por eso no entiende por qué Defensa quiere más aclaraciones de lo que figura en la resolución judicial. “Sigo sin entender por qué hemos tenido que llegar a todo esto”, explica a Estrella Digital.
Merino considera que “el escándalo” que se ha originado y las fechas que se acercan le han beneficiado, aunque sea para acallarle durante un tiempo. “Viene la Patrona, las fiestas navideñas… y sabían que lo iban a tener que hacer antes o después. Habrán dicho ‘dale algo a este hombre, que se vaya y ya está’”, concluye Merino.
En cualquier caso, el paracaidista y legionario se muestra satisfecho con el acuerdo y con la cantidad que le va a adelantar Defensa, que prefiere no citar pero que considera “suficiente para que podamos vivir tranquilamente medio año”. Merino, que tiene a cargo a seis hijos, se vio obligado a vender su casa, su coche e irse a vivir a casa de sus abuelos en Burgos. Durante los últimos meses, su familia ha estado viviendo de una pensión de 700 euros y la ayuda de 400 euros que recibe el exmilitar.
Expulsado de las FAS en 2013
Andrés Merino fue expulsado del Ejército de Tierra en 2013, tras haber sufrido dos accidentes mientras desarrollaba su labor como militar. La primera vez fue en 2004, en Afganistán, cuando a pocos días de regresar a España, se cayó de un camión, lo que le provocó daños en la columna.
Al volver de Afganistán, un tribunal médico le dio la clasificación de apto con limitaciones coeficiente 3, pero en lugar de destinarle a un puesto administrativo fue destinado a la Legión, a Viator, en Almería, donde siguió realizando maniobras militares.
Cuando llevaba dos meses en Almería, sufrío un nuevo accidente. Se cayó por unas escaleras, lo que le repercutió en las lesiones que tenía por el anterior accidente. En total, tiene diagnosticadas seis hernias de disco, tiene implantados seis tornillos de titanio en la columna y tiene que ir permanentemente acompañado de muletas.
En 2013, el Ministerio rescindió su contrato de larga duración (que habría terminado en 2022) por “insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajena a acto de servicio”, lo que suponía quedarse sin trabajo y sin pensión. Tras una batalla legal y mediática el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia le ha dio la razón frente a Defensa.
La sentencia, de mayo de este año, anula la resolución de 2013, declara que sus lesiones fueron “adquiridas con posterioridad a su ingreso en las Fuerzas Armadas” y le dio derecho a percibir una pensión. Esta es la sentencia que, hasta este jueves, el Ministerio no había cumplido.