Jueza Lorca pide al TSJ que investigue al presidente de Murcia por 4 delitos

El juzgado número Uno de Lorca ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el llamado caso Auditorio.

En un auto hecho público hoy, la titular del juzgado lorquino ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en la que, tras un relato de los hechos que se recogen en el escrito del fiscal, considera que la actuación atribuible al presidente puede ser constitutiva de los citados cuatro delitos.

El juzgado de Lorca investiga un presunto caso de corrupción en la adjudicación del proyecto y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en los años en que fue alcalde el actual presidente de la Comunidad, a raíz de una denuncia presentada en su día por la Fiscalía Superior de Murcia.

Tras la recepción de esta exposición motivada, será ahora la Sala de lo Civil y Penal del TSJ la que decida sobre su admisión a trámite y, en caso afirmativo, designaría a uno de sus magistrados como instructor.

En ese caso, la primera diligencia sería la de dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se pronuncie respecto a si la Sala es competente para juzgar a Sánchez y también a la Asamblea Regional para acreditar su condición de diputado de la cámara autonómica.

Según han indicado fuentes judiciales, el TSJ previsiblemente acogerá esta exposición motivada porque el juzgado lorquino, durante un año y a instancias de la propia Sala que le derivó el caso, ha practicado numerosas diligencias que le han llevado al convencimiento de que Sánchez puede haber incurrido en esos delitos.

Dice el auto que la exposición razonada recoge los datos e indicios extraídos de la declaración de los investigados no aforados y de otras muchas diligencias, como un documento aportado por la Intervención General del Estado que, tras analizar todo lo correspondiente al concurso para las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, habla de la comisión de numerosas irregularidades.

Los presuntos delitos se habrían cometido en el concurso de ideas convocado para el proyecto, en la ejecución de las obras y en lo relativo a una subvención de la Comunidad Autónoma.

Dice el auto que "a la misma obra certificada se le aplicaron doblemente gastos, beneficio (industrial) e IVA", y añade que "las cantidades que no se destinaron al pago de la obra se computan en 1,8 millones de euros".

Igualmente se afirma que "el alcalde -Sánchez-, con su acuerdo, autorizó una certificación de 2,2 millones de euros, a la cual no se acompañó informe alguno que justificara ni un solo acopio en obra".

Y añade que "el acuerdo se certificó por la secretaria municipal sin reparo de legalidad, y la interventora procedió a autorizar su abono sin comprobación material de su existencia".

"Lo inexplicable de esta certificación -recalca el auto- no es solo lo elevado de la misma y su falta de justificación, sino que, un mes más tarde, en concreto, con fecha de formalización 17 de septiembre de 2008, el ayuntamiento concertó una operación de crédito con el Banco Santander por importe de 2,2 millones de euros, operación que conlleva intereses y gastos".

En cuanto a la recepción de las obras, se indica que se llevó a cabo cuando las mismas no estaban concluidas.

Pese a que el edificio no estaba terminado, Sánchez dio el visto bueno a un documento que declaraba recibir la obra terminada "en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas".

En cuanto a la subvención recibida de la Comunidad Autónoma, la exposición motivada comenta que el ayuntamiento completó, aunque tardíamente, la documentación justificativa de un primer plazo de tres millones de euros, mientras que fue requerido en varias ocasiones para que hiciera lo mismo en relación con el segundo plazo.

Así hasta llegar al 25 de septiembre de 2013, en que el entonces consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, certificó que la subvención "estaba debidamente justificada".

En la exposición motivada se propone al TSJ que asuma la investigación no solo con respecto a Sánchez, sino también a los investigados que no tienen la condición de aforados, entre los que se encuentran el arquitecto ejecutor del proyecto de obras, Martín Lejárraga, altos cargos municipales y miembros de la corporación.