‘Ley Mordaza’: tercera derrota de un gobierno en minoría en tres semanas

La oposición cumple con sus amenazas. Primero fue la LOMCE, poco después el Salario Mínimo Interprofesional y este martes le ha tocado el turno a la polémica ley de Seguridad Ciudadana que el Partido Popular aprobó la pasada legislatura con toda la oposición en contra. Los principales grupos parlamentarios se han vuelto a poner de acuerdo para dar el tercer toque de atención, en menos de tres semanas, al gobierno en minoría que lidera Mariano Rajoy, que se agarra con fuerza al veto que le otorga la Constitución para anular la discusión parlamentaria.

El Congreso ha validado la moción presentada por los socialistas para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para derogar la ley y promover una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución". Una iniciativa que no tendrá consecuencias legales en esta ocasión, puesto que la fórmula elegida no es una proposición de ley sino una moción, pero sí tiene un significado simbólico si tenemos en cuenta que con esta moción se insta al Gobierno a rectificar.

Rectificar una ley, aprobada por la mayoría absoluta del PP, bautizada como ‘Ley Mordaza’, y que la oposición cuestiona “su vocación de criminalizar las protestas ciudadanas, con sanciones abusivas y una merma del control judicial, frente a los poderes otorgados a la policía”. Este martes, el PSOE, Unidos Podemos y gran parte del Grupo Mixto han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que dé marcha atrás en esta polémica normativa y también revise las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla, tal y como ha exigido el portavoz socialista, Antonio Trevín.

¿Cuál será la respuesta del Gobierno? Aún se desconoce. El portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano, ha asegurado que "los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizando", y ha advertido de que "no estamos ni en Cuba, ni en Venezuela". Aunque lo cierto es que durante las negociaciones para formar gobierno, los ‘populares’, y muy especialmente Rajoy, lo que menos defendieron fue esta Ley de Seguridad Ciudadana que se podría convertir en un nuevo gesto por parte del PP de cesión ante la oposición. El portavoz del PP, por el momento, ha admitido la disposición de su partido a dialogar, tal y como ya adelantó el nuevo ministro de Interior, Ignacio Zoido, aunque ha rechazado de pleno la derogación total.

El veto que la Constitución permite al Gobierno

Sí conocemos, sin embargo, la respuesta del Ejecutivo al resto de medidas planteadas por la oposición en el Congreso: ejercer el veto que le permite la Constitución. En concreto, el artículo 134.6, según el cual, las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios necesitan la aprobación del Gobierno si afectan al equilibrio presupuestario. A principios de octubre, cuando el Gobierno aún estaba en funciones, ya vetó diez proposiciones de ley presentadas por la oposición.

Dos de ellas, impulsadas por el PSOE, fueron finalmente admitidas a trámites por la Mesa del Congreso: la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y una reforma del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las condiciones de los subcontratados. Y las dos han sido discutidas y aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara baja. Sin embargo, el Gobierno ya ha pedido a la Mesa del Congreso que “revoque” la toma en consideración de ambas cuestiones.

En octubre, el Ejecutivo ‘popular’ ya se escudó en que si las medidas reclamadas por el Congreso salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas. Y ésta ha sido la justificación que ha utilizado de nuevo ahora, no sólo con la LOMCE, sino también con la revalorización de las pensiones exigida por la oposición.

De hecho, ésta iba a ser la cuarta derrota del PP en el Congreso, pero el Gobierno lo ha impedido desde el primer momento. Este martes, Presidencia ha remitido un escrito al Congreso en el que rechaza la tramitación de la proposición de ley para subir las pagas de los pensionistas un 1,2% y no el 0,25%, que es el mínimo que marca la ley, porque supone un aumento del gasto no previsto de 1.150 millones.

Una licencia que la Constitución le otorga, pero que sindicatos y oposición ya han empezado a denunciar. ¿Utilizará el Gobierno esta misma fórmula para tumbar la iniciativa parlamentaria que se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso la semana pasada en referencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? La presentó Unidos Podemos, y supondría elevar de 655,2 mensuales (9.172 anuales) a 800 el salario mínimo el 1 de enero de 2018. La portavoz del PP, Susana López Ares, ya advirtió de que esa subida supondría un coste de 1.300 millones de euros en 2017 y más de 2.500 en 2020.

Se ha abierto la veda para desmantelar el legado legislativo de la mayoría absoluta del PP. Y los vetos del Gobierno no son el único problema. Toda la oposición está de acuerdo en derogar las medidas más polémica del PP, pero existen importantes discrepancias para convertir en propuestas concretas las normas cuya reforma se admite a trámite.