Más de 500 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en Madrid en 2016
El Ejecutivo regional asegura haber prestado atención psicosocial por violencia de género a 210 mujeres y 192 menores en 2016 en lo que va de año
La Comunidad de Madrid ha atendido este año a 541 mujeres víctimas de violencia sexual, a través del Centro de Atención Integral. Así lo ha revelado el Ejecutivo regional que ha afirmado también haber prestado atención psicosocial por violencia de género a 210 mujeres y 192 menores en 2016.
Según han informado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y su número ‘2, ’Ángel Garrido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha autorizado la celebración de sendos contratos para la gestión del Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid -CIMASCAM y del Centro de Atención Psicosocial para víctimas de violencia de género en la Comunidad- Programa Mira. Los contratos contarán con un presupuesto de licitación de 762.493 euros y 1.092.623 euros respectivamente, con un plazo de ejecución de dos años.
Violencia sexual y violencia de género
El objetivo del CISCAM es atender cualquier mujer mayor de edad víctima de violencia sexual. “Sin importar cuál es la relación con el agresor, si los hechos han sido recientes o si ocurrieron hace tiempo, si existe o no una denuncia o cualquier otro factor”, dice la Comunidad de Madrid. El centro ofrece asistencia psicológica y social a las mujeres que han sufrido agresiones y abusos. También presta orientación jurídica, asistencial y defensa letrada y acompañamiento en todo el proceso judicial, tal y como ha informado el Ejecutivo regional.
Por otro lado, según ha explicado el Gobierno de Cifuentes, el Programa Mira tiene como finalidad “que las mujeres que han sufrido violencia de género y sus hijos reciban la atención psicológica que necesiten”. Cuenta con terapias individuales y grupales. “Se trata de un referente en la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, mediante terapias individuales o grupales tanto a mujeres víctimas como a sus hijos y personas dependientes, con objetivo de facilitar su recuperación emocional y su autonomía e integración en la vida social y laboral”, ha añadido el Ejecutivo.