Partidos inician con consenso el debate para mejorar pensiones de orfandad

Madrid, 21 may (EFE).- Los grupos parlamentarios han iniciado hoy el debate sobre la futura ley que mejorará las pensiones de los huérfanos de la violencia machista con un gran consenso para sacarla adelante, aunque deben ponerse de acuerdo sobre si serán o no contributivas y si tendrán efectos retroactivos.

Hoy se ha constituido en el seno de la Comisión de Empleo la ponencia encargada de elaborar un dictamen sobre la proposición de ley del PSOE, cuya toma en consideración fue respaldada por unanimidad hace justo un año, y que quiere que todos los hijos de mujeres asesinadas reciban una pensión de orfandad, incluso aquellos cuyas madres no cotizaron a la Seguridad Social.

Para aquellos que sí perciben esta prestación, demandan que se les aumente del 52 % al 70 % el cálculo de la base reguladora de las madres, con lo que se asegura que reciban un mínimo de 677 euros al mes; al mismo tiempo, en los casos en los que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicará el 118 % de la base reguladora a repartir entre los menores.

Aunque el clima es de "consenso", los partidos deben ahora negociar sobre las 10 enmiendas que han presentado Podemos, PP, PNV, aunque son las de estos dos últimos las "más preocupantes" para el PSOE, según han manifestado a su entrada en la reunión la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, y de Empleo, Rocío de Frutos.

"El PP quiere convertirla en una prestación no contributiva", ha censurado De Frutos, quien ha explicado que ello supondría una menor cuantía para los menores.

Además, los populares pretenden que la ley entre en vigor desde el momento de su publicación, pero la aspiración del PSOE es que sea retroactiva al 2004, cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género.

De esta forma, las pensiones estarían supeditadas a las "fluctuaciones" anuales de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que su propuesta, que Álvarez ha calculado en 4,1 millones, garantiza una cuantía fija vinculada a las prestaciones de la Seguridad Social.

Sin embargo, los populares consideran que el marco que corresponde a estas pensiones es el de las no contributivas para ampliar el "entorno y las posibilidades de los beneficiarios", ha subrayado la diputada Mar Cotelo.

También proponen ampliarlas a los huérfanos de la violencia doméstica "independientemente del progenitor que haya cometido el delito".

No obstante, en su grupo están "completamente abiertos a negociar" porque se trata de un asunto "absolutamente prioritario".

Lo mismo ha opinado Íñigo de Barandiaran, del PNV, que en sus enmiendas critica que la proposición original no distinga entre las situaciones de alta o asimilado y aquellas otras en las que no exista la premisa de su vinculación al ámbito de las pensiones contributivas, por lo que cree necesario la creación de dicha figura.

Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ángela Rodríguez ha destacado que con sus enmiendas, que plantean otorgar estas pensiones a los huérfanos de víctimas de todos los tipos de violencia contempladas en el convenio de Estambul y no solo la cometida en el ámbito de la pareja o expareja, pretenden que "estas pensiones sean lo más dignas posibles".

Su grupo tratará de que prosperen para poder elaborar un texto con el mayor acuerdo; no obstante, se ha mostrado convencida de que el trámite de la ley va a ser "bastante rápido".

Patricia Reyes, de Ciudadanos, apoyará la proposición "tal y como está" porque es "necesario garantizar que las víctimas más vulnerables de la violencia machista puedan subsistir de alguna manera y que no se encuentren desamparadas".

Aunque cree que la forma más rápida de que los huérfanos reciban estas prestaciones es que todos los grupos apoyen los Presupuestos Generales del Estado porque ya las incluyen. EFE