Podemos quiere tumbar la ley que le permite presumir de ayuntamientos saneados
La reducción de deuda de que presumen los ‘ayuntamientos del cambio’ como gestión eficaz se debe en realidad a la ley presupuestaria que ahora pretenden eliminar. Además, han viciado el debate con medias verdades sobre dicha norma, ya que ni obliga a recortar gasto ni ordena como se debe gastar el dinero público
“Elevaremos el gasto público”, fue una de las consignas más claras con que la izquierda concurrió a las urnas. En la práctica se presuponía imposible de cumplir sea cual fuere el nivel de la administración. En el plano de la Administración Central, debido a los acuerdos con Bruselas. En los niveles más inferiores, autonómico y local, chocaban de frente con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012.
Ahora, un año y varios meses después de su formación, los ‘ayuntamientos del cambio’ –Madrid, Cádiz, Barcelona o A Coruña, entre otros- se han unido para acabar con dicha ley. Bajo el paraguas que proporciona Unidos Podemos en el Congreso han presentado una propuesta para derogar lo que ellos denominan ‘Ley Montoro’.
De forma resumida, la ley eliminaba la posibilidad de que los ayuntamientos –junto a las CCAA y la Administración Central- elevarán las partidas presupuestarias de manera direccional. Esto es, que ponía un tope –regla de gasto- al aumento del gasto público que no puede sobrepasarse. Con ella, al reducir el volumen de gasto posible se han generado superávits que han servido para amortizar deuda.
La misma ley que ahora intentan derogar es la que les ha permitido sacar pecho por ‘su gestión’ en los ‘ayuntamientos del cambio’. “No es magia” publicaba en su página de Facebook Ahora Madrid. También se vanagloriaba del trabajo en el consistorio madrileño Podemos, desde su Twitter señalaba “una prueba más de que una buena gestión de los recursos es posible”.
Medias verdades en el debate
El debate sobre la utilidad o no de la ley y sus consecuencias se ha viciado por las medias verdades vertidas por los críticos. Algunas de las muchas críticas que aúna la ley son: “Reduce las competencias de los ayuntamientos”, “limita la financiación municipal”, “ahoga a los municipios”, “prohíbe gastar en necesidades sociales”, e incluso que “obliga recortes sociales en los consistorios”.
En definitiva, las críticas dan a entender que la ley obliga a recortar el gasto municipal y que los regidores cuentan con menos recursos para afrontar sus compromisos. Algo que es totalmente falso, según reza la propia norma.
La ley solo pone tope al incremento indiscriminado de las partidas, no obliga a recortarlas sino que limita su crecimiento a la denominada regla de gasto. La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) explica que “la variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, no podrá superar la tasa media de referencia con ingresos estables y sostenibles en el tiempo”.
La regla de gasto –a la que se llega a partir del PIB potencial y el deflactor del PIB- para 2016 es del 1,8%. Por tanto, la ley no obliga a recortar presupuestos, sino que da la posibilidad de incrementarlos hasta ese porcentaje. La misma ley establece que para 2017 ese incremento sea del 2,2% y para 2018 del 2,6%.
Por último, la ley tampoco establece directrices de cómo debe distribuirse el gasto de los consistorios, son los regidores los encargados de ello. En definitiva, ni la ley obliga a hacer recortes, es más, da la posibilidad de incrementar el gasto. Ni ordena a los ayuntamientos como redistribuir el gasto del ayuntamiento.
Madrid, epicentro del descontento
Pese a que han sido muchos los que se han sumado a la iniciativa #CiudadesConDerecho no hay otro lugar donde la disyuntiva sea tan grande como en el Ayuntamiento de Madrid. El equipo directivo de Ahora Madrid es el que más se ha vanagloriado del descenso de la deuda del Ayuntamiento –pese a que ya estaba presupuestado por el PP-, pero también es el que más se opone a la ley. Es más, el partido ha desafiado al Ministerio de Hacienda y ha presentado y aprobado los presupuestos sin cumplir con la ley.
Los presupuestos presentados por el consistorio y que ha aprobado con la ayuda del PSOE se saltan la regla de gasto en 226 millones en 2016 y 519 millones en 2017. En concreto, el gasto del consistorio que en 2015 fue de 2.915 millones subiría en 2016 a 3.445 millones –la regla lo limita a 3.079 millones- y en 2017 hasta los 3.817 –frente a los 3.219 que prevé la ley.
El equipo de Ahora Madrid y el PSOE han aprobado los presupuestos e intentarán hacer una treta para rendir cuentas con Montoro. La idea es tomar como referencia el año 2013, primero en que entró la ley en vigor, y utilizarlo debido a que el presupuesto fue más alto.
La treta entre PSOE y Ahora Madrid y la presión mediática que ejerce Unidos Podemos y demás representantes tiene un elemento común, en concreto el artículo 26 de la ley. Según el, “la persistencia en el incumplimiento (…) podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación incumplidora”. Esto es, que si Ahora Madrid vuelve a incumplir se arriesgaría a que Hacienda disolviese la formación y tomará el control del consistorio.