La Policía Municipal denuncia el fracaso de la Ley Antibotellón

La ausencia de una prueba pericial que demuestre el consumo de alcohol y el aumento de los recursos de la sanción entre los jóvenes han hecho que disminuyan las multas por botellón en Madrid durante los últimos meses

La Policía Municipal denuncia el fracaso de la Ley Antibotellón

La Ley de la Comunidad de Madrid de Prevención de las Drogodependencias, o lo que es lo mismo, la Ley Anti botellón ha fracasado. La Policía Municipal está cansada de que sus multas caigan en saco roto por las brechas administrativas que benefician a los infractores. En la actualidad, los agentes han de fiarse de su olfato para comprobar sí lo que está consumiendo el individuo es alcohol, o no. "Tenemos una instrucción desde la Jefatura que dice que tenemos que oler el vaso del supuesto infractor para corroborar de que se trata de alcohol. Eso no es una prueba pericial", se queja José Francisco Horcajo, responsable del colectivo de Policía Municipal en CSIT.



El hecho de no tener una muestra del contenido del vaso ha animado a muchos jóvenes a recurrir las multas y asumir las tasas del recurso, muy inferior a los 600 euros que supone la sanción por botellón. En la mayoría de los casos, los juzgados dan la razón a los denunciados por carecer de prueba pericial que demuestre su sanción.



El número de multas por beber en la calle no ha dejado de disminuir en los últimos meses. El pasado mes de septiembre, último sobre el que se tienen datos, se impusieron 2.998 frente a las 3.240 del año anterior. Este descenso no obedece sino al desencanto de muchos agentes municipales con la actual Ley que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. Sí bien es cierto que Ahora Madrid se había propuesto disminuir las sanciones, la reducción de las mismas es el resultado de la "ineficacia" de la Ley redactada por la Comunidad de Madrid y las directrices del Ayuntamiento. 



La Policía Municipal reclama una reforma de la propia Ley, que va desde una modificación de las sanciones a la dotación de recursos que respalden y verifiquen la veracidad de la multa. Hasta ahora, el recibir o no una sanción que puede ascender hasta los 1100 euros depende del olfato del agente municipal y de la capacidad del denunciado de recurrir la misma. "Desde el Ayuntamiento nos instan a oler el vaso del individuo para comprobar su contenido. Sí consideramos que es una cerveza o cualquier tipo de mezcla que contenga alcohol, la Jefatura nos ha ordenado que lo indiquemos en el texto de la multa, pero siempre acompañado de la palabra 'supuestamente', porque en realidad una prueba olfativa no es suficiente para afirmarlo categóricamente", denuncia Horcajo.



Falta de financiación



Para atajar este problema, la Policía Local reclama una prueba pericial similar a las que se realizan en los controles de alcoholemia en carretera o en la retirada de sustancias estupefacientes. Pero el problema parece ser, una vez más, la falta de financiación. "Deberíamos de tener unos recipientes que se cierren herméticamente para poder recoger una muestra del líquido que se está consumiendo", afirma el representante sindical. Una vez recogida la muestra, ésta se trasladaría a un depósito donde se almacenaría junto a otras pruebas durante un periodo máximo de seis meses. Sí el denunciado no está conforme con la sanción debería de pagar unas tasas para que su prueba sea analizada por un laboratorio. Esta medida favorece tanto a la gente como al ciudadano. Es decir, sería una garantía para ambos.



Los detractores de esta idea argumentan que la mayoría de los ciudadanos que realizan botellón tiran el contenido de su vaso al advertir cualquier tipo de presencia policial, por lo que sería imposible recoger cualquier tipo de muestra. Pero para esta situación la Policía Municipal puede aplicar una Ordenanza Municipal de Medioambiente que prohíbe derramar cualquier tipo de vertido a la vía pública de forma deliberada. Esta sanción supondría 700 euros. Es decir, 100 euros más que la multa máxima por botellón si el individuo no es reincidente. 



En definitiva, es cierto que en un sus inicios la Ley tuvo un efecto en los jóvenes que realizaban estas prácticas debido al elevado coste de las sanciones. Cabe recordar que beber alcohol en la vía pública es 100 euros más caro que dar positivo en un control de alcoholemia en carretera y 200 euros más caro que portar una sustancia estupefaciente. Pero ahora gracias al boca a boca y a las redes sociales, los jóvenes han descubierto que recurrir la sanción es mucho más barato que acogerse a la reducción del 40% que ofrece la Comunidad si el infractor reconoce su culpa. Además, existen muchos seguros del hogar que ofrecen la posibilidad de recurrir estas multas y al resultar vencededores en la mayoría de ocasiones no tienen ni que pagar los costes del juicio. "No hace falta ni un abogado. En internet hay multitud de modelos estándar de recurso y páginas donde se especifican los pasos a seguir para evitar la multa", sentencia Horcajo