Primer acuerdo político: las empresas pagarán el Bono Social

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, ha logrado el primer acuerdo político de la legislatura: el acuerdo de todas las formaciones políticas para que sean todas las empresas del sector eléctrico las que paguen los costes del llamado Bono social.

La reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha puesto en riesgo la financiación del bono social. El 25% de subvención que reduce la factura de determinados sectores sociales vulnerables y que hasta la sentencia era financiado por las grandes empresas.

El Supremo ha argumentado la incompatibilidad de la medida con la correspondiente directiva europea y que se excluyan de la responsabilidad a muchas empresas del Sector. El acuerdo hoy alcanzado por las fuerzas políticas extiende al conjunto del sector la responsabilidad financiera. El Gobierno cree que así salvará la limitación que supone la sentencia.

El Bono Social

El bono es un descuento en el 25% de la factura energética para usuarios que pertenezcan a colectivos vulnerables como desempleados, familias numerosas y pensionistas. Aunque la Ley que hizo nacer la ultima reforma del bono permite referencias a la renta de los usuarios, el real decreto que la aplicó se limitab a señalar colectivos sin referencia alguna a la renta per capita.

Según el último Boletin de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, son 2,4 millones de contratos los que están sometidos añ bono social. Se trata de una reducción de unos doscientos mil usuarios desde 2009. En el último año no se ha modificado la cifra de beneficiarios. Los pensionistas son un 13,2%, las familias numerosas un 8,89% y las personas en desempleo un 3,20%. Los tramos con mayor crecimiento corresponden a familias y personas en paro.

El coste de la subvención apenas supone 187 millones de euros. Según la legislación ahora impugnada por el Tribunal Supremo, la subvención se pagaba en función del número de contratos de cada compañía integrada en grupos de producción. En consecuencia, las tres grandes eléctricas financiarían el 94% de la subvención mientras las otras 26 asumirían el resto. El acuerdo alcanzado esta mañana persigue extender el pago al conjunto de las comercializadoras para evitar la sentencia de discriminación del Supremo.

Para medir el esfuerzo que suponía, cabe señalar que las tres grandes empresas pagarían este año 175 millones, que es un 4% de sus beneficios en los primeros nueve meses del año.

La insuficiencia del bono social

El bono social revela una notable brecha de acceso a la energía. Los usuarios del bono social consumen el 77% de lo que consumen los usuarios domésticos. Aunque los analistas estiman que con 2,3 Mw de potencia puede atenderse la calidad energética de un hogar la brecha parece ser bastante alta.

La desvinculación de la renta del bono por otra parte podría estar suponiendo que determinadas viviendas se estuvieran aprovechando del bono poco legítimamente. Endesa ha propuesto una supresión de cerca de ochocientos mil bonos sociales que estima no se estñan aplicando a primeras viviendas.

En todo caso, el bono social es solo una parte de los recursos contra la pobreza energética que no resuelve el punto más dramático: el corte de luz por impago.